- Asa Christina Laurell, subsecretaria de Integración y Desarrollo de Salud, y la presidenta de Conapred, Mónica Maccise, ya presentaron sus renuncias formales, mientras Mara Gómez, titular de la CEAV, lo hará en el transcurso del día.
El día de hoy por la mañana Mónica Maccise presento su renuncia irrevocable a la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) alegando que dicho organismo “no sólo debe existir, sino reforzarse”.
En un comunicado, el Conapred señaló que Maccise presentó su renuncia de forma “personal y voluntaria” al priorizar que el Conapred “no solo debe existir, sino reforzarse”.
Agregó que Maccise enfocó su trabajo para que el Conapred “fuera visibilizado como un organismo que liderara la lucha contra el racismo y la discriminación”, además de promover la reflexión sobre el impacto de los prejuicios y estigmas en la vida de las personas.
Por otro lado Asa Christina Laurell, titular de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud (SIDSS); Mara Gómez Pérez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y Mónica Maccise, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Al momento Asa Christina Laurell y Mónica Maccise ya presentaron sus renuncias de forma oficial, mientras que Gómez Pérez lo hará en el transcurso de este viernes.
Laurell presentó su renuncia este jueves y argumentó que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, pretende desmontar la subsecretaria a su cargo, stuación que consideró como “una amenaza para el futuro”.
En lo que corresponde a Mara Gómez Pérez, presentará su renuncia a la CEAV tras seis meses de estar en el cargo y a dos semanas de protestas por parte de familiares de personas desaparecidas que exigen su destitución.
La renuncia de la titular de la CEAV también se da luego de que a inicios de junio la misma Comisión reclamará por el recorte presupuestal ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El organismo advirtió que como consecuencia del recorte casi el 60% del personal perdería su trabajo, además de que se quedarían sin recursos para pagar la renta de la sede central y los servicios básicos de sus instalaciones en todo el país.
Tampoco existirá sitio para atender a más de 7 mil 200 victimas que se reciben mensualmente, ni para tramitar los apoyos de otras cinco mil.
Pese a las protestas, días después el presidente sostuvo el recorte pero aseguró que las víctimas no se quedarían sin atención.